Llamadme blando si queréis, pero no estoy a favor de la cadena perpetua. Cada vez que ocurre un crimen deplorable, surgen opiniones tendentes al endurecimiento de las penas y a la restricción de los beneficios penitenciarios. Lo cierto es que como consecuencia del horrible asesinato de Marta del Castillo, nunca había sonado tan alto la idea de instaurar la cadena perpetua. De facto, se podría decir que ya existe en España desde hace unos años, cuando en el 2003 se reformó el Código Penal para permitir el cumplimiento íntegro y efectivo de penas de hasta 40 años. Si eso no es cadena perpetua, que venga Dios, o quién sea, y lo vea. Pero ahora, ya sin tapujos, se está produciendo una campaña mediática que no se corta abogar explícitamente por la implantación de esta pena. No me queda más remedio que empezar diciendo que entiendo perfectamente que la familia de Marta puede desearle lo peor a los asesinos. Si le hubiera ocurrido a una hija mía, posiblemente estuviera pidiendo la cabeza, no ya de los asesinos, sino también de sus padres, de sus hijos y del “Susum Corda”. Esta venganza, en realidad, no supondría la compensación de un mal por otro, sino que sería la suma de dos males. Precisamente para evitar que los ciudadanos se tomen la justicia por su mano, se legitima al Estado para que ejerza la potestad punitiva. Es por tanto el Estado, y no los ciudadanos, el que tiene la legitimidad para tratar de evitar los comportamientos que la sociedad considera indeseables mediante la amenaza de imponer castigos penales.
Dejando a un lado eso que algunos llaman "legislar en caliente", y que yo llamo "legislar a golpe de periódico", tendríamos que centrarnos en responder a una primera pregunta: ¿es la cadena perpetua eficaz para evitar la comisión de delitos? La respuesta es que no. No hay más que echar un vistazo a los índices de criminalidad de Estados Unidos y a la dureza de sus penas. Si me dicen que una pena de 10 años es muchísimo más disuasoria que una pena de 1 años, me lo creo. Pero un incremento consistente en pasar de una pena de 40 años íntegros a una de cadena perpetua no parece que tenga el mismo efecto intimidatorio, aunque sólo sea por la dificultad de pensar a tan largo plazo. Son muchos los penalistas que coinciden en que lo que realmente hace eficaz el Derecho Penal no es la dureza de las penas, sino una respuesta al delito de forma rápida y eficaz.
Una vez superada la cuestión sobre la utilidad de la cadena perpetua, habría que señalar que ésta sería manifiestamente inconstitucional al menos en dos sentidos: por un lado, nuestra Constitución prohíbe las penas inhumanas y degradantes, por otro lado establece un mandato acerca de la finalidad resocializadora que deben cumplir las penas privativas de libertad. Ni que decir tiene que la reclusión de por vida en un establecimiento penitenciario es una pena inhumana y convierte en imposible que el delincuente se resocialice.
Una tercera cuestión a plantearse sería la siguiente: si la cadena perpetua fuera una pena eficaz, que no lo es; si tuviera cabida en la Constitución Española, que no la tiene; quizá podríamos vivir más seguros con su implantación, pero también viviríamos en una sociedad mucho menos digna cuyos legisladores se estarían situando a la altura de los medios de comunicación y de los justificados deseos de venganza de las víctimas.
Llamadme blando si queréis, pero no pienso renunciar al ideal de un Derecho más justo y más humano por muy despreciable que sea un crimen.
